Sala de Prensa

02/02/2018

EAJ-PNV denuncia la injerencia del Gobierno español en la capacidad de auto-organización de la Función Pública

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula la jornada de 35 horas semanales en la Función Pública Vasca, la parlamentaria jeltzale respalda al Gobierno Vasco en su intención de acordar con los sindicatos “la mejor solución posible” ante esta situación

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El grupo parlamentario de EAJ-PNV ha mostrado su “total desacuerdo” con la sentencia del Tribunal Supremo que anula la jornada de 35 horas semanales en la Función Pública Vasca. Según ha manifestado la parlamentaria Estíbaliz Larrauri, “el Tribunal, al dar la razón al Estado, está vulnerando nuestra competencia de organización de la Función Pública, explicitada en el artículo 10 del Estatuto de Gernika. Está, por lo tanto, cercenando nuestro autogobierno y aplicando el café para todos”. Para Larrauri, nos encontramos ante un ejemplo más de la estrategia de recentralización del Gobierno español; estrategia por la que se laminan nuestras competencias y acuerdos sindicales.

La representante jeltzale ha recordado que la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales fue una decisión negociada con todos los sindicatos de la Mesa General, “un espíritu de pacto que el Tribunal Supremo obvia en su sentencia imponiendo sus tesis desde Madrid”. En este sentido, ha manifestado que la resolución es aún más desafortunada si cabe por el momento en el que se produce, ya que el Gobierno español ha anunciado que está estudiando la posibilidad de implantar esta misma jornada a algunos empleados públicos de la Administración General. “El Estado nos niega la misma medida que ahora está analizando, nos veta la capacidad  negociadora que legalmente tenemos reconocida”.

A pesar de la gravedad de la noticia, y al igual que ha manifestado el Gobierno Vasco, Larrauri ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Así mismo, ha compartido la decisión del Ejecutivo Urkullu de abrir un diálogo con las centrales sindicales de cara a tomar, si corresponde, soluciones consensuadas y con seguridad jurídica. “Estamos convencidos de que el Gobierno buscará la mejor salida posible y lo hará desde el acuerdo, el diálogo y la negociación con los sindicatos”.

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